Faltan casi tres meses para que termine el año, pero la discusión sobre el salario mínimo de 2027 ya empezó en Colombia y en España. En ambos países el punto de partida es el mismo: los precios han subido más de lo previsto y la pregunta es cuánto debe aumentar el sueldo más bajo permitido por la ley para que quienes lo cobran no pierdan capacidad de compra. Lo que cambia es el procedimiento, y conocerlo te ayuda a interpretar las cifras que oirás de aquí a diciembre.
El dato que manda: la inflación
En Colombia, el índice de precios al consumidor acumuló una variación anual de 6,29% en septiembre de 2026, según las series que publica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Es más del doble de la meta de 3% que persigue el Banco de la República.
En España, el indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE) situó la inflación anual de septiembre en 4,9%, seis décimas por encima de la de agosto. Es un dato provisional, pendiente de confirmación, pero ya condiciona el debate.
Con precios que suben a ese ritmo, un salario mínimo congelado equivale a una rebaja. Por eso la primera referencia de cualquier negociación es que el aumento, como mínimo, compense la inflación.
Colombia: una mesa de tres partes y dos fechas clave
En Colombia el salario mínimo se discute en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde se sientan el Gobierno, los empleadores y las centrales de trabajadores. La Ley 278 de 1996 fija el calendario:
- 15 de diciembre: fecha límite para que la comisión llegue a un acuerdo.
- 30 de diciembre: si no hubo consenso, el Gobierno fija el salario por decreto antes de este día.
Cuando decide el Gobierno, la ley le pide tener en cuenta varios parámetros: la meta de inflación del año siguiente, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el crecimiento de la economía y la variación de los precios.
El debate público ya está en marcha. Juan Pablo Zárate, excodirector del Banco de la República, advirtió en una entrevista radial que, si la inflación cierra el año entre 6,5% y 7%, un aumento del mínimo muy por encima de 8% sería disruptivo tanto para los precios como para el mercado laboral. Su argumento es que los ajustes salariales de los últimos años han presionado la inflación y que un incremento más moderado ayudaría a contenerla. Es una opinión, no una propuesta oficial: las posiciones del Gobierno, los empresarios y los sindicatos se conocerán cuando se instale la mesa.
España: primero los expertos, después el diálogo social
En España el salario mínimo interprofesional (SMI) lo fija el Gobierno mediante real decreto, previa consulta con los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativos. El Estatuto de los Trabajadores señala qué debe valorarse: el índice de precios de consumo, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.
El punto de partida es el SMI vigente: 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, tras la subida de 3,1% aprobada en febrero mediante el Real Decreto 126/2026.
Desde 2021, el Ministerio de Trabajo y Economía Social se apoya en una comisión asesora de expertos, creada con el objetivo de que el SMI se sitúe en el 60% del salario medio. Este año el ministerio la reunió a comienzos de octubre y le pidió una recomendación para finales de mes o los primeros días de noviembre, con el encargo de que la subida impida que el salario mínimo pierda poder adquisitivo y tenga en cuenta cómo golpea el alza de precios a los hogares con menos ingresos. Con ese informe en la mano, Trabajo convocará a sindicatos y empresarios antes de llevar el decreto al Consejo de Ministros.
Todavía no hay cifra oficial sobre la mesa. Tampoco está definido qué dato de inflación se tomará como referencia, y la diferencia entre usar el último registro mensual o el promedio del año cambia de forma apreciable el resultado.
Lo que tienen en común y lo que sirve en cualquier país
Aunque los procedimientos difieren, las dos negociaciones giran alrededor de las mismas variables, que se repiten en casi todos los países:
- Inflación: determina cuánto hay que subir solo para no retroceder.
- Productividad: es el argumento habitual para subir por encima de los precios.
- Empleo e informalidad: quienes piden moderación advierten que un salto muy grande puede frenar la contratación formal.
- Efecto en otros precios: en muchos países hay tarifas, multas, aportes o ayudas que se actualizan con el salario mínimo, de modo que el aumento no solo llega a la nómina.
Si cobras el mínimo, o si tu sueldo se pacta tomando el mínimo como referencia, conviene distinguir entre el aumento nominal (el porcentaje que se anuncia) y el real (lo que queda después de descontar la inflación). Un alza de 7% con precios que suben 6,5% apenas mejora tu capacidad de compra en medio punto.
Qué esperar de aquí a fin de año
Durante las próximas semanas se publicarán propuestas, advertencias y cálculos de todo tipo. Ninguno es definitivo hasta que exista un decreto. Mientras tanto, lo prudente es no comprometer gastos ni deudas contando con un aumento que aún no se conoce, seguir los datos mensuales de inflación de tu país y, cuando llegue la cifra oficial, comparar el porcentaje con lo que han subido tus gastos reales. El salario mínimo es una decisión política con base técnica; entender las variables que la sostienen te permite juzgarla con criterio propio.